UGT impugna la subida de precios de las hamacas de San Bartolomé de Tirajana por falta de rigor económico y transparencia
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Canarias ha impugnado la ordenanza que regula el aumento de los precios del servicio de hamacas y sombrillas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, al considerar que carece de informe económico y financiero riguroso, además de considerar que no se ajusta a un proceso transparente.
El sindicato ha presentado ante el Juzgado competente una demanda contencioso-administrativo contra el acuerdo del Pleno Municipal que modificaba los precios del servicio. Una medida judicial que ha sido impulsada por el representante sindical de la FeSMC y que cuenta con el apoyo de del sindicato FSOC.
Paralelamente, UGT ha solicitado la suspensión cautelar de la ordenanza, que, si bien ha sido aprobada en el Pleno Municipal, aún no se está aplicando en el Servicio Municipalizado de Hamacas y Sombrillas.
El motivo de la impugnación reside en el informe económico-financiero en el que se basa dicha ordenanza municipal y que ha sido promovido por la concejalía de Turismo, dirigida por Ylenia Vega. Desde la central sindical se considera que este informe no se ajusta a la realidad del servicio: inventario de hamacas y sombrillas sería incorrecto, datos de ingresos estarían distorsionados y se imputan al servicio costes ajenos a su actividad, se basa, además, en una proyección salarial sin base legal.
Asimismo, los representantes sindicales denuncian que dicho informe ha sido encargado a una empresa externa, sin concurrencia ni motivación suficiente, pese a tratarse de un servicio de gran relevancia económica. Dejando patente la opacidad del trámite. Desde FeSMC la aprobación de esta ordenanza responde a una decisión política que no se sustenta en datos económicos y financieros reales, fijando precios a “a vuela pluma” con el riesgo de abrir la puerta a una privatización del servicio.
La federación recuerda que se trata de un servicio municipalizado desde 1997 y se aboga por que siga siendo así, de imponerse el modelo planteado por CC y PP se pone en riesgo la estabilidad y los derechos laborales de toda la plantilla.
