Modificación de las Indemnizaciones por residencia e insularidad en la Comunidad Autónoma de Canarias
El pasado febrero se publicó el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, firmado en noviembre de 2025, por el que se impulsaba la adecuación de las cantidades de la Indemnización por residencia e insularidad a la realidad actual tras décadas de no actualizarse.
El 30 de junio se hizo público un acuerdo de ministros por el que se establecía el compromiso de actualizar las cantidades correspondientes a las indemnizaciones en la comunidad autónoma de Baleares.
Desde la parte social entendemos que el Acuerdo Marco hablaba de todos y cada uno de los territorios afectados por unas tablas de indemnizaciones obsoletas por lo que nos dirigimos a todas las instituciones públicas implicadas para trasladar nuestra exigencia de que en la reunión de seguimiento del Acuerdo de mes de octubre se trataran también las indemnizaciones en Canarias, puesto que obviarlas para un territorio que objetivamente es el más alejado de la península, el de más dispersión insular y el más afectado por esas condiciones, sería una discriminación injusta.
Tras las reuniones mantenidas durante los meses de junio y julio con dichos responsables institucionales, así como las cartas remitidas al Ministerio de Función Pública, obtuvimos el compromiso por parte del Gobierno de Canarias para trasladar la situación e incluirla en los puntos de la “Agenda Canaria” así como el de la Delegación del Gobierno en Canarias de llevarlo a Función Pública y trasladarnos a la parte social el resultado de estas conversaciones.
Toda vez que a fecha de hoy no tenemos noticia ninguna sobre las gestiones comprometidas ni sobre la reunión de seguimiento del Acuerdo Marco, los Sindicatos UGT-SP, CSI-CIF, CCOO, ACAIP, UFP y la Unión de la GC, anunciamos concentraciones a las puertas de las dos Subdelegaciones de Gobierno, así como otras acciones que pudiéramos convocar, para evidenciar nuestra protesta por el olvido injusto que significa el ni siquiera tratar sobre unas condiciones económicas que no han sido revisadas desde la década de los 90, y exigir a las dos administraciones implicadas la adecuación de la indemnización para todos los empleados y empleadas públicas de Canarias.
