SP-UGT Canarias rechaza las condiciones laborales que afecta al personal de costas asumido por el Ejecutivo canario

Tras las noticias publicadas en los medios de comunicación de las Islas referentes a la firma de la Comisión Mixta de Transferencias sobre el traspaso de competencias en materia de gestión de costas a la Administración del Gobierno de Canarias, desde la Servicios Públicos de UGT Canarias se quiere aclarar algunos aspectos...

 

• En primer lugar, no estamos de acuerdo con la valoración que se hace por parte del Ministerio competente de las cargas de trabajo, donde se determina que las funciones que permanecerán en el ámbito ministerial (deslindes, adscripciones, obras de gran cuantía o informes complementarios) representan aproximadamente el 70% del trabajo mientras que las competencias que se transfieren (vigilancia, sanciones, autorizaciones, concesiones, servicios de temporada) serían del 30%. En virtud de esta valoración se determina que la transferencia de personal sería del 30% del total de la plantilla, esto supone 20 puestos transferidos del total de 70 trabajadores. (puestos de trabajo, tanto cubiertos como vacantes). En nuestra opinión la relación de la carga de trabajo sería aproximadamente la contraria, el trabajo que se acaba de transferir a la función pública canaria puede representar entre el 60 y el 80% de la carga total, esto implicaría que el número de trabajadores que se deberían transferir al nuevo organismo autonómico deberían ser por lo menos del doble de lo que se acaba de firmar.
• La dotación actual destinada en Canarias para la gestión de costas de 70 trabajadores es manifiestamente insuficiente, habiéndose ya reclamado por parte de nuestro sindicato, en diferentes ámbitos, esa insuficiencia y la necesidad de aumentar la plantilla para poder asumir la vigilancia y gestión de los más de 1500 km de costas en las 8 islas canarias. Esta circunstancia de insuficiencia de personal de partida en el Organismo gestor, sumada a la insuficiente valoración del porcentaje a transferir da como resultado, por ejemplo, que se transfieren dos agentes medioambientales para las cuatro islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, lo que haría absolutamente imposible el desempeño de las funciones de vigilancia del medio costero. Este hecho evidente y reconocido por todas las partes se pretende solucionar, según las informaciones publicadas, con la contratación de 20 efectivos adicionales por parte del Gobierno de Canarias, haciendo un total de unos 40 trabajadores para toda la demarcación de costas canaria. A nuestro entender y atendiendo a las cargas de trabajo antes descritas, la dotación mínima sería de unos 40 trabajadore/as por provincia, es decir, unos 80 trabajadores.
•  La previsión de plantilla, según lo publicado en los medios de comunicación, supondría la contratación de cuatro agentes para las cuatro islas occidentales, lo que manifiestamente continúa siendo insuficiente. Esta previsión de contratación, anunciada por el presidente de Canarias, no sólo entendemos que sería insuficiente, sino que además ha carecido de la correspondiente información a los trabajadores y trabajadoras afectadas, ni a su representación legal, sobre las condiciones de trabajo en el nuevo Organismo gestor, tanto sobre su futura ubicación física como sobre la forma de llevar a cabo el trabajo o sobre la cualidad de esos puestos de nueva contratación. Ante esto hemos de manifestar que para desempeñar las funciones que se le encomienda a gran parte de los trabajadores y trabajadoras, dichas contrataciones deberían hacerse en forma de personal funcionario adscrito a una relación de puestos de trabajo aprobada por la Consejería de Función Pública. Y esto es así dado que la condición de Agente de la Autoridad sólo es posible determinarla para personal funcionario, no para personal laboral ni mucho menos para trabajadores/as temporales contratados mediante subcontratación de los trabajos a empresas externas. Esta cualidad de agente de autoridad es fundamental a la hora de desempeñar el trabajo de vigilancia del medio, tanto a la hora de dar legitimidad a las actuaciones de los Agentes como a la preservación de la propia seguridad de éstos, ya que actúan normalmente en solitario, en zonas apartadas y con la sola defensa de esa cualidad de Agentes de la Autoridad del Estado.
• Servicios Públicos UGT Canarias exige al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial que informe debidamente al conjunto de los y las trabajadoras afectadas por este cambio en sus condiciones laborales, determinando cuales van a ser dichas condiciones en el nuevo Organismo gestor y que comunique cuáles son sus intenciones respecto a esas contrataciones adicionales anunciadas. Asimismo, esta organización se planteará realizar las movilizaciones necesarias en defensa de los derechos de los compañeros y compañeras afectados/as.